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Jesús Escobar
Jesús Escobar
Conductor de espacios informativos
agosto 31, 2018

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De la PGR a la Fiscalía

Uno de los grandes daños que profundizo el Gobierno de Peña Nieto al país, fue la politización de la justicia. La PGR nuevamente fue un instrumento para las venganzas, rencores y dominio del inquilino de los Pinos, del estado de derecho ni hablamos.

Sin embargo, estamos ante un escenario de verdad preocupante en donde la corrupción y la ineficiencia conviven entre escritorios. En este marco vale la pena preguntarnos, ¿Qué es peor, una dependencia perversamente ineficiente o incapaz, llena de gente mediocre, sin preparación suficiente?

Casos como el de Elba Esther Gordillo y Javier Duarte muestran ambos rostros de una Procuraduría utilizada para ayudar a los compadres, a los cuates. Pero también, con un récord de fracasos que pasan más por la impericia. En este país la justicia es ciega, pero también sorda, muda y lenta. Da palos de ciego, no escucha a nadie, no tiene una voz autorizada y hace tonterías por sistema.  Justicia selectiva.

Tenemos un elefante que es vulnerable a los cañonazos de dinero, a las argucias de abogados influyentes. Los llamados “peces gordos” se libran de la cárcel literalmente como peces en el agua.

Esto impacta nuevamente sobre los que menos tienen, millones de personas que son víctimas de ministerios públicos abusivos, insensibles, rateros, que con todo el cinismo posible ignoran, ofenden. El acceso a la justicia no es para todos en este país.

La actual PGR es un cuerpo carcomido por la corrupción. Un cuerpo dedicado a la venta de protecciones particulares, que solo persigue los casos con relevancia política o aquellos que le reditúan económicamente a sus agentes.

Urge que la Fiscalía General de la República, sea autónoma, si, pero sobretodo urge un diseño institucional inteligente. Si la nueva Fiscalía hereda las malas prácticas, la impunidad y la iniquidad seguirán siendo la marca de la injusticia nacional.

¿La autonomía es un requisito indispensable para que la Fiscalía sea eficiente? Jurídicamente no. En eso tienen razón quienes defienden la visión de López Obrador de no ceder la Fiscalía, la independencia no basta, pero no deja de ser una trampa discursiva. La eficiencia y la autonomía son cualidades distintas, ambas necesarias.

No se trata de escoger entre una u otra sino de que se cumplan ambas para que realmente sirva.

Existe suficiente evidencia sobre las profundas taras de la actual Procuraduría como para hacer necesaria su sustitución por un órgano nuevo, capaz de superar la arbitrariedad y la ineficacia técnica con la que tradicionalmente ha operado el ministerio público. Como ha ocurrido en otros casos, la autonomía constitucional debe ser usada para construir un servicio profesional de carrera rigurosos, donde los incentivos de sus integrantes estén determinados por su formación y su buen desempeño, no por su lealtad política y su disciplina, como ocurre actualmente.

Tampoco es trivial el procedimiento de nombramiento del Fiscal. La idea de que este debe ser un incondicional del Presidente debe ser desterrada. Lo ideal sería que la parte política del nombramiento se limitara a la selección de una terna entre integrantes del cuerpo profesional de fiscales, lo mismo que para las fiscalías especiales determinadas por la Constitución.

La autonomía constitucional ha sido la vía para acabar, en ámbitos específicos de la actividad estatal, con el clientelismo y el patrimonialismo que han caracterizado históricamente a la administración pública mexicana.

La oportunidad de cambio está en usar la mayoría para construir reglas del juego que puedan funcionar incluso cuando los que las hicieron se encuentren en minoría.

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