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Jesús Escobar
Jesús Escobar
Conductor de espacios informativos
septiembre 5, 2017

Rasca mi espalda…

Para nadie es un secreto que México padece una crisis en materia de Estado de Derecho, mucho se debe a que la procuración de justicia fue concebida como uno de los elementos fundamentales del ejercicio del poder político.

Las procuradurías han estado tradicionalmente subordinadas a la arbitrariedad presidencial o de los gobernadores. Su estructura es clásicamente clientelista: un Procurador nombrado por el ejecutivo, integrante de su gabinete, casi siempre un operador político de mano dura.

Sin ninguna autonomía, sin una carrera bien definida en sus procesos de promoción y permanencia, sin grandes exigencias de conocimientos y capacidades en el reclutamiento, obtienen el puesto gracias a su lealtad política.

En las procuradurías se hacen más evidentes los problemas del Estado mexicano: débil, inepto, corrupto y arbitrario; cada agencia del ministerio público es un escaparate del desastre en el poder público: oficinas sucias, personal prepotente y abusivo, funcionarios ignorantes.

En este momento se debate la posibilidad de que el actual Procurador Raúl Cervantes se convierta en el Nuevo fiscal General, un puesto fundamental para fortalecer el endeble estado de derecho. ¿tiene los merecimientos? ¿puede ser autónomo? ¿capacidad?

Abogado de Profesión cuenta con el reconocimiento de juristas y expertos, pero en resultados su gestión en la PGR ha sido bastante gris y mala. Lo más grave es que está muy identificado con el PRI, lo cual pone en duda que pueda ser un funcionario verdaderamente autónomo como se requiere.

Cervantes ha sido un par de veces diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. En 2012 fungió como el abogado de la campaña presidencial de Peña Nieto. Luego se convirtió en senador por el mismo partido.

Dejemos claro algo, el nombramiento de Cervantes sería perfectamente legal, pero NO legítimo, y esto afectaría una institución que nacería muerta. Cualquier decisión del próximo fiscal estaría cuestionada…

El cambio en la procuración de justicia del Estado mexicano es urgente y no puede ser meramente cosmético. No basta con un cambio de nombre y un nombramiento político de un titular transexenal.

Es indispensable un rediseño mayor, un auténtico cambio institucional, para construir un cuerpo profesional, con mecanismos de reclutamiento basados en las capacidades técnicas y los conocimientos de agentes ministeriales e investigadores.

Un cuerpo de fiscales federales de carrera, que se promuevan en sus cargos con base en el desempeño y el mérito, capaz de enfrentar con éxito los retos del sistema penal acusatorio.

La nueva fiscalía no puede heredar en automático los vicios y la corrupción que hoy imperan en la procuraduría general