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Jesús Escobar
Jesús Escobar
Conductor de espacios informativos
diciembre 13, 2018

¿Y el Estado de Derecho, apá?

En México no existe un Estado de Derecho, las leyes se aplican de manera selectiva. Ese es uno de los grandes y graves problemas que enfrentamos. La corrupción y la impunidad son los tumores de este cáncer que ha enfermado a toda la sociedad. Hoy ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en estos rubros.

Basta ver los datos que arroja el índice nacional de impunidad que creció a 69.89 puntos en 2018 o la información de la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental, que revela que las empresas pagaron mil 600 millones de pesos en actos de corrupción.

Las instituciones encargadas de investigar, perseguir están sujetas a los intereses políticos del Gobierno en turno.  Lavado de dinero, compañías fachada, las transacciones millonarias que se hacen en efectivo y no hay funcionario de Hacienda que intente siquiera pararlas.

El problema es que nadie parece interesado en cambiar esta situación o, por lo menos, enfrentarla a fondo, más allá de buenos deseos y discursos idealistas, porque al final todos los políticos se benefician de esto.

Y el mejor ejemplo es el sexenio de Enrique Peña Nieto, seis años en los que la corrupción y la impunidad fueron el sello. Ni uno solo de los colaboradores, de quien fue Presidente, fue llamado a cuentas por la justicia. Y a quienes se les iniciaron procesos judiciales, viven sin preocupaciones.

Luis Videgaray, Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza, fueron señalados por conflicto de intereses, abuso de autoridad, malversación de recursos. No paso ni ha pasado nada y si nos atenemos a las declaraciones de AMLO, no pasará.

El Juicio a Joaquín “El Chapo¨ Guzmán, en Nueva York ha venido a evidenciar la forma en que opera la narco-política, cómo ha sometido al Estado de Derecho. Cómo los millones de dólares que deja, como ganancia este bestial negocio, han enlodado a todos, gobernantes, militares, policías, empresarios.

No existe ni una sola acción en contra de aquellos que se beneficiaron de las operaciones de este capo, cuya captura no modificó en nada el panorama. Ni corruptores ni corruptos han sido castigados. ¿Dónde están los empresarios con los que el sinaloense hizo negocio? ¿Dónde están los funcionarios que lo protegieron? ¿Dónde están los millones que supuestamente Guzmán poseía?

AMLO prometió durante su campaña de 18 años que castigaría la corrupción, que pondría fin a la impunidad. ¡Oh sorpresa! Al llegar al poder, cambió el discurso. Descartó investigar a ex funcionarios, en su bendito plan de pacificación no menciona casi nada del combate al lavado de dinero o a la protección a los cárteles.

Vaya, ni uno solo de los contratos que dijo que estaban marcados por la corrupción en la construcción del casi extinto Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ha sido investigado, prefirió parar la obra con consecuencias financieras que pagarán quienes usen el Aeropuerto Benito Juárez.

Andrés Manuel López Obrador, como el Jefe de Estado que es en México, debe proteger los derechos de los mexicanos, debe promover el ejercicio del Estado de Derecho donde el sistema de leyes y las instituciones funcionen acorde a la Constitución. En ese contexto, juzgar o no juzgar a los ex presidentes o a los ex funcionarios, no es una opción, ni debiera depender de la respuesta en una consulta ciudadana.

 Los casos de corrupción, de impunidad, de abuso, que son denunciados, que son detectados en auditorías, alertados a partir de la entrega recepción de un Gobierno a otro, si existen, deben investigarse conforme a la ley. Ni más ni menos.

No es posible que, tras tantos años de buscar un cambio en el gobierno de la República, quien lo prometió recule en ello, y ofrezca una amnistía política a los corruptos del pasado, solo por el capricho de empezar de nuevo.

En México lo que hace a falta es aplicar la ley, otorgar justicia, combatir la impunidad. No hay borrón y cuenta nueva que esté por encima del Estado de Derecho.